Es una vía extrajudicial, rápida, eficaz y económica que permite resolver fácilmente los desacuerdos que puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo: el comprador o usuario y el vendedor o prestador de servicios.

La efectividad del sistema arbitral de consumo ha sido contrastada a lo largo de un periodo experimental que se inició en 1986. El 3 de mayo de 1993 se promulgó, por Real Decreto, su Reglamento de funcionamiento y ofrece:

• RAPIDEZ, porque se tramita en un corto espacio de tiempo. Máximo de 4 meses desde la designación del Colegio Arbitral.
• EFICACIA, porque se resuelve mediante un laudo o resolución sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria.
• ECONOMÍA, porque es gratuito para las partes, que deben costear sólo en determinados supuestos la práctica de peritajes.
• VOLUNTARIEDAD, porque ambas partes se adhieren libremente al sistema para quedar vinculadas a las resoluciones.
• EJECUTIVIDAD, porque los laudos -resoluciones arbitrales- son de aplicación obligada.

Si usted, consumidor o usuario, ve que un establecimiento ostenta este distintivo en su local o en su publicidad, se asegura poder resolver los desacuerdos que puedan producirse con él a través del arbitraje de consumo.

Si usted, empresario, se adhiere al sistema arbitral de consumo, podrá exhibir un distintivo oficial, debidamente registrado por la administración, que indicará a sus clientes la oferta de una garantía añadida a los servicios que les presta habitualmente.

1. La solicitud de arbitraje se formaliza, personalmente o a través de las Asociaciones de Consumidores y usuarios, ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponde al domicilio del consumidor.
2. El secretario de la Junta Arbitral notificará al reclamado la solicitud de arbitraje para proceder al inicio del procedimiento, si está adherido al Sistema, o para formalización del Convenio Arbitral, si no lo estuviera.
3. Formalizado el convenio, se designará Colegio Arbitral, que estará compuesto por tres árbitros designados del siguiente modo:
   • Un árbitro representante de los consumidores.
   • Un árbitro representante del sector empresarial implicado.
   • Un presidente del Colegio Arbitral, que será designado por la Administración de la que dependa la Junta Arbitral de Consumo.
4. Los árbitros representantes de las partes en litigio serán designados ente la Junta Arbitral por los respectivos Organismos o empresas y la Junta Arbitral mantendrá actualizadas las listas correspondientes a los mismos.
5. Seguidamente se dará audiencia a las partes, que podrá realizarse verbalmente o por escrito.
6. Se acordará la práctica de pruebas si fuera necesario.
7. Termina el procedimiento en un "laudo" que es ejecutivo y de obligado cumplimiento.
8. Según el reglamento arbitral, la duración máxima del procedimiento es de 4 meses.
9. No existe límite en razón de la cuantía del bien motivo del litigio.

El ámbito de actuación de las Juntas Arbitrales puede ser:

• Municipal
• De mancomunidad de municipios
• Provincial
• Nacional

Ante una solicitud de arbitraje tiene preferencia la más próxima al domicilio del reclamante y la de inferior ámbito territorial, aunque se respeta la libertad de elección de Juntas por ambas partes
La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma Andaluza tramitará, con carácter prioritario, las reclamaciones de los consumidores y usuarios de su Comunidad Autónoma, en relación con sus derechos legalmente establecidos, en cuyo municipio o provincia no exista Junta Arbitral, o aquellas que voluntariamente las partes así lo decidan.

No podrán ser objeto de arbitraje de consumo las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva y aquellas en que las partes no tengan poder de disposición, deba intervenir el Ministerio Fiscal, en las que concurran daños para la salud o de muerte y cuando existan indicios racionales de delito.

El sistema arbitral de consumo tiene su origen en:

• El artículo 51 de la Constitución española, que exige a los poderes públicos que articulen procedimientos eficaces que protejan la seguridad, salud y los legítimos intereses de consumidores y usuarios.
• El artículo 31 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios (LGDCU), que establece la creación de un Sistema Arbitral, extrajudicial, que permita de un modo sencillo, rápido y económico, que los consumidores y usuarios puedan hacer valer los derechos que la legislación de Consumo les reconoce.
• La Ley 36/1988 de 5 de diciembre, de Arbitraje, que en su Disposición Adicional Primera dispone que será de aplicación a los arbitrajes a que se refiere la LGDCU y que en su Disposición Adicional Segunda renueva el mandato al Gobierno para la regulación del Sistema Arbitral de Consumo.
• El Real Decreto 636/93, de 3 de mayo , que regula el Sistema Arbitral de Consumo.

EL ARBITRAJE DE CONSUMO OFRECE:

• Un medio eficaz para la resolución de conflictos que puedan surgir entre consumidores/usuarios y los empresarios, donde:
• El procedimiento arbitral es gratuito y sujeto a los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.
• El sistema para la resolución de conflictos es breve.
• Los trámites a seguir no están sujetos a formalidades especiales.
• Ambas partes están representadas por igual.
• La resolución adoptada o "laudo" es vinculante para ambas partes.

Y, EN GENERAL, ES BENEFICIOSO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS PORQUE:

• El distintivo oficial que puede ostentar el comercio supone la adhesión de ese establecimiento en cuestión al Sistema Arbitral de Consumo.
• El distintivo oficial supone una garantía para el consumidor y usuario y la oferta de un servicio adicional rápido y eficaz en la resolución de posibles conflictos.
• Los trámites a seguir no están sujetos a formalidades especiales.
• El Sistema Arbitral de Consumo permite a las dos partes resolver las controversias sin gastos y sin necesidad de recurrir a los tribunales de Justicia.